Ola de ERTE,
vacuna para
la economía


JESÚS MARTÍNEZ Y CRISTINA ALONSO


Nerea de Bilbao Diseño e infografía

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No habían pasado ni 48 horas desde que se publicó en el BOE el estado de alarma y Burger King ya pronunciaba el acrónimo que todos temían: ERTE. La cadena de comida rápida anunciaba su intención de presentar una suspensión de empleo por causa de fuerza mayor para toda su plantilla en España tras el cierre obligado de todos los establecimientos que no fueran de primera necesidad mientras estuviera en vigor el decreto. Ese solo era el principio de la primera ola. Debía llegar la segunda, la más devastadora de todo el tsunami. Desde ese lunes hasta hoy han sido centenares de miles de expedientes los que se han solicitado en el Ministerio de Trabajo y las comunidades autónomas. El Corte Inglés, Vips, Seat, Iberia, Renault, Melía, Tendam… La incertidumbre sobre cuánto durará el estado de alarma y el desplome de los ingresos sobrevuelan estas decisiones que, en muchos casos, tienen una motivación preventiva. Los sindicatos reclaman mucha prudencia y responsabilidad para evitar abusos, mientras el Gobierno en una última vuelta de tuerca a la flexibilización de los ajustes de plantilla ha anunciado la prohibición tácita de los despidos durante esta crisis.

El martes 17 de marzo, cinco días después de anunciar la intención de decretar el estado de alarma, el Consejo de Ministros aprobaba un paquete de medidas económicas urgentes. Era el primer salvavidas con el que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se presentaba ante unas empresas -y una ciudadanía confinada- en estado de ‘shock’. Incluía dos grandes iniciativas: avales públicos por valor de 100.000 millones de euros para que las empresas puedan obtener crédito y, sobre todo, una flexibilización del ERTE. No sólo se ofrecía la exoneración a las compañías de hasta el 100% de las cuotas a la Seguridad Social. También se ponía negro sobre blanco en el BOE con una redacción abierta respecto a las causas que pueden llevar a un expediente de fuerza mayor. “Las pérdidas de actividad consecuencia del Covid-19 tendrán esa consideración”, explica el decreto. Una frase que abre la puerta a que prácticamente todas se puedan acoger a esa fórmula, mucho más ventajosa que la habitual de ‘causas económicas’. Es decir, se dieron todas las facilidades y se colocó puente de plata legislativo a las compañías para esta suspensión de los contratos. El Gobierno abrió la puerta y el pánico colectivo ante un parón en seco de la economía que se llevara por delante la demanda hizo el resto.

El 17 de marzo el Consejo de Ministros aprobaba un paquete de medidas urgentes. Avales públicos por valor de 100.000 millones para que las empresas puedan obtener crédito y, sobre todo, una flexibilización del ERTE.

“Los ERTE se cuentan por centenares de miles y los trabajadores afectados se acercan a la dolorosa cifra de los dos millones”, advierten fuentes sindicales. El acopio de datos es complejo, porque depende en gran medida de la información que deciden trasladar las comunidades autónomas, si bien una aproximación a los registros de las regiones más afectadas al cierre de esta semana da buena cuenta de este aluvión sin precedentes. La Comunidad de Madrid cumula ya más de 32.000 ERTE que previsiblemente se irán acercando a las cifras de Cataluña, que rebasa ya las 52.000 solicitudes. Andalucía es otra de las regiones más afectadas, con 45.000, mientras tanto Galicia como la Comunidad Valenciana superan cada una los 20.000… y el listado se agranda a lo largo y ancho del mapa.

A estos habría que sumar los registrados en la Dirección General de Trabajo, que se corresponden con los solicitados por las grandes empresas con amplia presencia en el territorio nacional. El Ministerio guarda estos datos con recelo, pero fuentes no oficiales revelan cerca de 3.000 expedientes que han colapsado las oficinas de los servicios públicos de empleo. Ha sido el propio Gobierno el que ha abierto el grifo al optar por el mal menor, considerando que la suspensión temporal de empleo es mejor que la pérdida total. Por eso ha decidido actuar por una doble vía: por un lado penalizando los despidos definitivos y por otro suavizando al máximo los ajustes de plantilla temporales, incluso haciéndolos gratis para las empresas, que han acudido a su llamada de manera masiva para ahorrarse los sueldos durante esta crisis. El Ejecutivo solo les ha exigido un compromiso: mantener la plantilla hasta seis meses después de la finalización del ERTE. El objetivo está claro y en el Gobierno es ya casi una obsesión: evitar a toda costa los despidos, ampliando la cobertura del ‘escudo social’ y favoreciendo que nadie se quede atrás en esta crisis.

¿Cuál será el impacto de este tsunami? Apenas horas después de la publicación del real decreto ley en el BOE la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, daba la voz de alarma por la oleada de solicitudes –“las cifras son abrumadoras”, advertía- y pedía responsabilidad a las empresas, sobre todo a las más grandes, que son las que mayor impacto tienen sobre el empleo. Esa llamada a la prudencia, sin embargo, no surtió efecto. Tras una primera oleada durante la semana pasada, a lo largo de esta semana se ha producido una segunda avalancha que ha terminado por desatar el colapso administrativo. El anuncio de la prolongación del estado de alarma durante otros 15 días inclinó la balanza de muchas compañías que en un primer momento intentaron aguantar el tirón y finalmente han optado por el ajuste temporal de plantilla antes de verse obligadas a adoptar medidas más drásticas. Siguen las indicaciones del Ejecutivo, que repite como un mantra que esta crisis tiene forma de ‘uve’ y al desplome de la actividad le va a seguir una recuperación igual de rápida. Como si este parón fuera un paréntesis y todo, incluido el empleo, fuera a volver a la normalidad en cuestión de semanas.

Ahora bien, la cascada de solicitudes de ERTE tiene, según confirman varias fuentes conocedoras de la situación, otra derivada: los servicios de empleo de las comunidades están “absolutamente desbordados” y se están encontrando con serias dificultades para analizar el volumen de expedientes. No dan abasto y, si en algún caso no llegan, el silencio administrativo manda y tras cinco días el ERTE se da por aprobado. El Ministerio de Trabajo es conocedor de esta situación y, ante la amenaza cierta de que miles de expedientes van a obtener la ‘luz verde’ automática antes de que ningún técnico analice si realmente están justificados, ha tomado cartas en el asunto. Las empresas son sospechosas de tirar de ‘picaresca’ en situaciones de crisis y por eso la Inspección de Trabajo analizará de oficio y a posteriori, uno por uno todos los ERTE tramitados, y en caso de detectar fraudes se obligará a las empresas a devolver, en boca de Yolanda Díaz, “hasta el último céntimo de euro” del que se hayan beneficiado, incluyendo las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados.

Pero, ¿quién está presentando ERTE? Los sectores más golpeados son los que no se incluyen como servicios de primera necesidad: automoción, restauración, gran distribución (exceptuando la alimentación y las cadenas de supermercados) y turismo, con aerolíneas y hoteles. El Corte Inglés (25.900), el dueño de Vips y Starbucks (22.000), Seat (14.800), Iberia (13.700) y PSA Peugeot (13.000) son los más grandes por número de empleados. Pero no son los únicos. Infinidad de pequeñas y medianas compañías de estos ámbitos también han decidido acudir a esta fórmula. Las más afectadas, según explican varias fuentes de gestorías y asesores laborales, son las pymes con poco dinero circulante y en caja, con importantes deudas contraídas con entidades de crédito y proveedores -lo que les impide acudir a soluciones de financiación en los bancos- y con márgenes de beneficio relativamente pequeños por sus costes de estructura.

Gráfico

En el lado opuesto, también hay compañías que están tratando de evitar un impacto en el empleo. En el Ibex 35, las operadoras de telecomunicaciones como Telefónica no lo han planteado, al igual que otros como Banco Santander o Inditex. Tanto la entidad presidida por Ana Botín como el gigante de la distribución español han puesto sobre la mesa medidas para dar liquidez, eliminando el dividendo y haciendo recortes en otras áreas, con el objetivo de posponer la decisión en caso de que el estado de alarma se retrase más allá de la primera prórroga que se aprobó esta semana en el Congreso de los Diputados. Entre las pymes, también hay otras muchas compañías que están analizando sus flujos de caja y el ‘tiempo de vida’ que tienen para retrasar al máximo un ERTE como los que ya han puesto sobre la mesa otros.

Sea como sea, el vaticinio es que en los próximos días continuará el goteo de solicitudes y, a la espera de que la Dirección General de Trabajo haga públicos los datos oficiales, fuentes sindicales hablan ya de una “perturbación sin precedentes” con graves consecuencias, aunque sean temporales, para el mercado laboral. La tormenta de los ERTE ya está aquí.

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